Presentan amparo para que Provincia garantice derechos infantiles
La Plata - La diputada provincial de Nuevo Encuentro Natalia Gradaschi junto al Defensor Penal Juvenil platense Julián Axat y a organismos de DDHH presentaron esta tarde en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de Luis Arias una medida cautelar para que la Provincia resuelva la “situación crítica” de los centros de internación de salud mental para niños, niñas y adolescentes.
"Las razones del pedido se sustentan en que la Provincia no da respuestas adecuadas frente a casos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Y además, carece de un área de intervenciones e internación compleja integral en Salud Mental Infanto Juvenil para casos de emergencia, motivo por el que deriva las internaciones a clínicas privadas que no brindan un servicio acorde a los estándares de la Ley 26.657, norma que garantiza el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas", explicaron.
"Por este motivo se pidió la creación de un área de Salud Mental Infanto Juvenil para la atención de internaciones en la provincia de Buenos Aires, la revisión del sistema de tercerización de las internaciones en comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas privadas, y además se solicitó una audiencia pública urgente en la que participen la la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia y en caracter de interesados el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión por la Memoria y la Defensoría del Pueblo bonaerense", dice la iniciativa.
En la actualidad, -destaca el trabajo-, el ejecutivo bonaerense abona 200 pesos diarios para reservar 327 camas en 19 comunidades terapéuticas y 105 camas en cinco clínicas psiquiátricas, a lo que se suman los costos de la internación en todos los casos. “Con esos mismos fondos la Provincia podría tener servicios de Salud Mental estatales de calidad, controlados, bien equipados y con personal idóneo, y no los centros que tenemos hoy que parecen cárceles destruidas para presos de alta peligrosidad ”, señaló la legisladora que responde a Martín Sabbatella.
Axat apoyó sus dichos al asegurar que “el modelo actual de tercerización está agotado, obedece a un modelo político gestado durante los 90’, pergeñado bajo intereses parasitarios y a la presión interesada de empresas que convirtieron la salud de jóvenes en situación de vulnerabilidad en una solución carcelaria, por las demandas de seguridad, y sobre ella se adaptó la institucionalidad administrativa y judicial ”.
"Por este motivo se pidió la creación de un área de Salud Mental Infanto Juvenil para la atención de internaciones en la provincia de Buenos Aires, la revisión del sistema de tercerización de las internaciones en comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas privadas, y además se solicitó una audiencia pública urgente en la que participen la la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia y en caracter de interesados el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión por la Memoria y la Defensoría del Pueblo bonaerense", dice la iniciativa.
En la actualidad, -destaca el trabajo-, el ejecutivo bonaerense abona 200 pesos diarios para reservar 327 camas en 19 comunidades terapéuticas y 105 camas en cinco clínicas psiquiátricas, a lo que se suman los costos de la internación en todos los casos. “Con esos mismos fondos la Provincia podría tener servicios de Salud Mental estatales de calidad, controlados, bien equipados y con personal idóneo, y no los centros que tenemos hoy que parecen cárceles destruidas para presos de alta peligrosidad ”, señaló la legisladora que responde a Martín Sabbatella.
Axat apoyó sus dichos al asegurar que “el modelo actual de tercerización está agotado, obedece a un modelo político gestado durante los 90’, pergeñado bajo intereses parasitarios y a la presión interesada de empresas que convirtieron la salud de jóvenes en situación de vulnerabilidad en una solución carcelaria, por las demandas de seguridad, y sobre ella se adaptó la institucionalidad administrativa y judicial ”.
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